Marco legal

La Ley 5/2014 de Seguridad Privada y el Reglamento que desarrolla la Ley 23/1992 a través del
Real Decreto 2364/1994 son las normativas que regulan la actividad del detective privado en
España.
En el artículo 48 de esta Ley se regulan las funciones del detective:
“Los servicios de investigación privada, a cargo de detectives privados, consistirán en la
realización de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación, por
cuenta de terceros legitimados, de información y pruebas sobre conductas o hechos privados
así como la realización de averiguaciones y la obtención de información y pruebas relativas a
delitos sólo perseguibles a instancia de parte por encargo de los sujetos legitimados en el
proceso penal”.
Por otro lado, el Reglamento de Seguridad Privada, en su artículo 101.2 dice:
“Se consideran conductas o hechos privados los que afecten al ámbito económico, laboral,
mercantil, financiero y en general a la vida personal, familiar o social exceptuada la que se
desarrolle en los domicilios o lugares reservados”.
Los detectives privados tienen un ámbito de actuación claramente definido y lícito, siendo su
actividad exclusiva ya que sólo puede ser desempeñada por personal habilitado por el
Ministerio de Interior y, además, es excluyente, porque ninguna persona física o jurídica
carente de habilitación podrá desempeñar estas funciones. Conforme a esto, es conveniente
informar de que la contratación negligente de personas no habilitadas está sancionada con
multas de hasta 3.000 euros.
Además, los informes emitidos por personal no habilitado no se podrán aportar como prueba
en los procedimientos judiciales según reza el artículo 265.1.5 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil donde la figura del detective privado es señalada de una forma diferenciada a los
diversos peritos o testigos.

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